En 1983 después de 7 años de terrorismo de estado, entrega económica y la derrota de Malvinas, los argentinos vuelven a votar. Empujado por la fuerza de los organismos de derechos humanos que nacían tras la feroz represión militar, Raúl Alfonsín, el líder radical, se consagró como presidente de la República Argentina.

Adoptó una política de derechos humanos en los que abrió las puertas a las denuncias y a una primera investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que se reflejó en el informe de la CONADEP y que permitió que fueran juzgadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas.

Sin embargo, estas medidas fueron rechazadas y combatidas por amplios sectores militares, que produjeron el movimiento carapintada, los retrocesos hacia las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el último intento guerrillero que culminó en la masacre de La Tablada.

A fines de 1985, el camino económico elegido por el entonces presidente fue bloqueado por varios frentes. Por un lado, la puja por el salario liderado por el sindical Ubaldini; por el otro, la presión de los organismos internacionales para que se apliquen políticas neoliberales a cambio de nuevos prestamos. A su vez, los medios de comunicación se consolidaron como uno de los principales opositores a su gestión.

Con escaso apoyo social, frente a un peronismo conspirativo y con los grupos económicos en contra, la hiperinflación obligó a Alfonsín a renunciar antes de tiempo, dando fin a la primavera democrática y comienzo a un nuevo invierno neoliberal encabezado por el presidente Carlos Menem.